El concejal de Urbanismo, Luis Rey, ha dado cuenta hoy en la Comisión del área que preside la situación administrativa actual del expediente del sector conocido como ‘Cerro de los Moros’, tramitado por los propietarios para la aprobación de una modificación puntual del plan parcial, así como de los aspectos del Plan General de Ordenación Urbana de 2006 que lo regulan.

El también teniente alcalde de la ciudad, consciente de la preocupación social que se ha generado en un suelo de propiedad privada en un 97% y regulado por un PGOU aprobado en 2006 con Encarnación Redondo de alcaldesa con el voto en contra del PSOE, ha repasado también qué herramientas urbanísticas tiene el Ayuntamiento para intervenir en su desarrollo minimizando al máximo el impacto visual, buscando un vial que elimine la salida hacia la Concatedral y concentre el tráfico en dirección a Los Pajaritos y ordenando la edificabilidad para que ésta se ejecute en la vaguada hacia el estadio de Los Pajaritos dejando libre la ladera, que dentro de la ordenación pasaría a ser municipal como el equipamiento, y reduciendo al máximo la visual desde el río. En este mismo sentido, ha añadido que según siga avanzando el expediente, que todavía no está ni informado, se solicitará a los propietarios una serie de mejoras y estudios que permitan analizar ese impacto entre el Castillo y el Duero.

En este sentido, Luis Rey ha insistido en la importancia de “ofrecer la máxima transparencia y participación en un expediente que actualmente está en su fase más inicial y que debe pasar todavía por periodos de exposición pública, aprobación inicial, aprobación provisional y aprobación definitiva que, en este último caso, realizará como administración competente la Junta de Castilla y León”. Igualmente ha recordado que este sector, ya con edificabilidad reconocida desde 1994, queda recogido en el Plan General de Ordenación Urbana de 2006, aprobado por el PP e Ides en Pleno con los votos en contra del PSOE y ASI, que es el documento que recoge la edificabilidad y usos del suelo y que “aunque no nos gustara entonces ni ahora, debemos acatar por responsabilidad. Tenemos que aceptar una legalidad que nos ha venido impuesta y partiendo de esa base intentar mejorar la ordenación con el claro objetivo de reducir al máximo el impacto visual”. Partiendo, por lo tanto, de unos derechos reconocidos y de una tramitación que se debe garantizar, Luis Rey ha insistido también en la propiedad privada de un sector en el que la participación como titular del suelo del Ayuntamiento apenas es del 3% del total. “Eso significa que si los propietarios de ese 97% restante quisieran vallar el sector podrían hacerlo”, ha explicado para ilustrar la situación actual.

El concejal de Urbanismo también ha recordado que el incremento de edificabilidad, que ahora se debate, pasó del 0,18 al 0,50 entre 1994 y 2004 adaptándose a las distintas normativas de la Junta de Castilla y León y de 0,50 al 0,65 entre 2004, cuando el Ayuntamiento con Encarnación Redondo como alcaldesa firmó un convenio con los propietarios, y 2006, cuando con ese mismo equipo de gobierno el nuevo Plan General de Ordenación Urbana lo recogió y aprobó sin alegaciones a excepción de la de Asociación de Amigos del Museo Numantino. Dentro de esta cronología, hay que recordar que los propietarios presentaron una modificación, similar a la que ahora se está informando, en el año 2010 a la que tampoco se presentaron alegaciones y que fue aprobada por todos los grupos. Esta modificación caducó y la registrada en la actualidad guarda similitudes. Por otro lado, el concejal de Urbanismo ha recordado que la legislación recoge que todo sector que a 1 de enero de 2022 no esté ordenado pasa a suelo rústico y que, al margen de desconocer la intención de construir o no de los propietarios, la tramitación tendrá como un primer objetivo para los dueños que sus suelos no pierdan valor. El concejal de Urbanismo ha explicado, repasando la cronología, que “desde 1994 se han sucedido distintos hitos relacionados con este sector con un primer PGOU de 1994, revisiones posteriores, el convenio de 2004, el PGOU de 2006, la modificación  de 2010 y hasta ahora no se han presentado alegaciones y los documentos han pasado la tramitación ambiental de la Junta. Sólo el PSOE y ASI, con Jesús Bárez, mostraron su disconformidad con lo que ahora nos queda preguntarnos dónde estaban entonces esas voces”.

Por otro lado, Luis Rey también ha contestado durante la comisión a distintos planteamientos sobre la posibilidad de adquirir los terrenos y ha sido contundente al indicar que se podría estar hablando, según los primeros análisis, de cerca de 40 millones de euros. “Además, se trataría de comprar terrenos privados por esta cantidad para no hacer nada con ellos lo que supondría una tremenda pérdida patrimonial”, ha indicado. Respecto a la opción de la permuta, ha sido también muy claro al indicar que “también tiene un coste económico según el inventario de bienes municipales con lo que obviamente no es gratis, pero además la otra parte debe estar de acuerdo, es voluntaria y el precio no se puede fijar de forma unilateral y no puede existir una desviación superior al 40% del valor”.